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Manifestación de odio en Calella. /Foto: elperiodico.com
Ignacio Fernández Candela.
Cuando se pretende estar por encima de la ley, tal y como sucedió el 1 de octubre y se intenta prolongar con la declaración de independencia, sucede que la sinrazón del abuso separatista comete estupideces que, lejos de provocar daños a terceros, se convierten en un perjuicio para quien busca dañar gratuitamente. Es lo que ha sucedido con el restaurante de Calella que discriminó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional al prohibir la entrada a los agentes y negarles alimento. Una actitud que puede ser tipificada como delito de odio en el código penal denunciable por la misma Fiscalía del Estado.
La valentía en manada es una de las características de quienes abusan de la democracia para imponer el rencor de sus insanos pareceres, prestos a atropellar los derechos ajenos. En esta ocasión el ufano e imprudente dueño de El galliner de Calella está siendo objeto de un masivo boicot por las redes sociales, en este siglo XXI donde todo se sabe al minuto de producirse y la injusticia se denuncia allá donde se produce.
La alcaldesa de Calella, Monstserrat Candini del PDeCAT, se configura ante la opinión pública como la instigadora del odio que llevó a los vecinos a asediar los hoteles donde se hospedaban los Policías y Guardias Civiles. Una muestra paradigmática de la dictadura catalanista esta alcaldesa que debería ser barrida del mapa político, junto a cuantos cabecillas de la rebelión han dirigido los estragos contra Cataluña desde la Generalidad.
Acostumbrados al chantaje, otros han coaccionado a los hoteles bajo amenaza de negar licencias durante cinco años en el caso de que no se rompieran los contratos suscritos con el Ministerio del Interior para alojar agentes de la ley. Un cúmulo de despropósitos totalitarios que son muestra de la desintegración practicada durante décadas y que actualmente posee un apogeo solo controlable desde la aplicación del Artículo 155.
El galliner de Calella tiembla ante el terremoto producido por la estulticia extendida del secesionismo que ha abusado de modo tan ruin e impune durante años. En esta ocasión no sería de extrañar el cierre del establecimiento si tuviera que hacer frente a una multa ejemplar por haber delinquido contra las Fuerzas de Seguridad del Estado; con odio, ni más ni menos. Tonto fue el listo del pueblo.
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